El jueves 7 de marzo del 2024, la Comisión de Paz y entendimiento recibió en audiencia al Director del Programa de Pueblos originarios y Diálogo nacional de la Fundación Chile 21 y ex director nacional de CONADI y embajador de Chile en Guatemala (2014-208), Domingo Namuncura para realizar una presentación en relación relacionada con la problemática Estado-Pueblos indígenas. Este es el texto íntegro de la exposición realizada.
----------
Desatar los nudos esenciales del
conflicto entre Estado y Pueblo Mapuche.
Estimados y estimadas integrantes de la Comisión de Paz y entendimiento.
Muchas gracias por la
invitación a exponer en esta reunión solicitada en representación del Programa
de Pueblos originarios y diálogo nacional de la Fundación Chile 21.
En estos 34 años democráticos
se han constituido diversas comisiones presidenciales para abordar el tema
indígena. El vínculo de este tema con el movimiento democrático antidictadura
emergió a fines de 1979 cuando el gobierno militar promulgó el Decreto Ley 2.568
mediante el cual se aceleró el proceso de despojo territorial de las
comunidades ancestrales mapuches del sur, principalmente. Todo lo concerniente
a esta historia está registrada el magnífico estudio del historiador Martín
Correa en su libro “Historia del despojo”. Dicho decreto implicó un golpe
profundo a la cultura, las relaciones sociales y patrimoniales del Pueblo
Mapuche y de otras primeras naciones, golpe del cual ha sido muy difícil
recuperarse del todo.
Entre 1983 y 1988 luego de
iniciadas las protestas nacionales, parte importante de la dirigencia indígena
consolidó importantes lazos con la oposición y principalmente con el movimiento
nacional de Derechos Humanos y con las pastorales sociales de la Iglesia
Católica liderada entonces por el Cardenal Silva Henríquez. El epicentro de
muchos encuentros y jornadas fue la casa de Ejercicios de la Iglesia en Temuco,
siendo Obispo el recordado y querido monseñor Sergio Contreras.
En las reuniones que ahí se
sostuvieron, y con al advenimiento del triunfo del NO la dirigencia indígena
exploró con buenos resultados la posibilidad de negociar con la oposición un
acuerdo político, en base a la tradición de los antiguos parlamentos. La
oposición accedió a aquello y el resultado fue la firma de un pacto histórico
entre el Pueblo Mapuche y otros pueblos con el candidato presidencial Patricio
Aylwin, en 1989 a meses de la elección que permitió restablecer el sistema
democrático. Dicho acuerdo se tradujo en
el histórico Pacto de Nueva Imperial en donde se consideró la inmediata
caducidad del decreto 2.568 y su reemplazo por una nueva Ley Indígena y
diversos otros compromisos.
Este pacto implicó un buen
momento en las relaciones entre el movimiento indígena, la concertación
política de entonces y el naciente primer gobierno democrático liderado por el
presidente Aylwin. Al respecto hay que
destacar que el presidente cumplió cabalmente y con mucha eficacia lo
comprometido en dicho acuerdo. De entrada, constituyó la Comisión especial
de Pueblos Indígenas (CEPI), y promovió un amplio diálogo para dar vida a
la nueva Ley indígena, 19.253. Se realizaron 2.800 asambleas indígenas
con unos 3.000 delegados reunidos en congresos regionales, los que a su vez
eligieron 250 representantes ante el Primer congreso nacional indígena en donde
se acordó el borrador de las bases jurídicas de la nueva Ley y de otras
demandas.
En 1991 el presidente
ingresó a trámite un proyecto de reforma constitucional para incluir un mandato
de protección constitucional de los derechos políticos y territoriales de los
pueblos. En junio de 1992 el parlamento lo aprobó en general pero no se avanzó
suficiente. El trámite se retomó en 1999, el que fue rechazado en el 2000 por
un tema de quorum. En 1991 el presidente
había ingresado también al congreso un proyecto de acuerdo para ratificar el
Convenio 169, pero no fue acogido al no contar con las mayorías suficientes.
Este convenio sólo lograría ser ratificado 18 años después, en marzo del 2008
en el primer gobierno de la presidenta Bachelet.
Durante el gobierno del
presidente Frei Ruiz-Tagle surgieron las primeras señales de conflicto entre
demandas indígenas, gobierno y Estado. Al presidente le correspondió poner en
marcha la nueva institucionalidad indígena y velar por las asignaciones presupuestarias
destinadas a la restitución de tierras. Esta sigue siendo la demanda principal
de los pueblos originarios. La confianza entre el movimiento indígena y el
presidente y su gobierno se fractura con motivo de la construcción de la
represa Ralco en el Alto Bío Bio, y la primera señal de violencia étnica se
produjo en Lumaco, en diciembre de 1997 con el incendio de dos camiones de
empresas forestales. Esto comienza a marcar un antes y un después en las
relaciones indígenas con el Estado y sus gobiernos.
Para amortiguar los efectos
del conflicto, dado que la construcción de Ralco significó la erradicación de
100 familias pehuenches a otros lugares como un exilio interno y considerando
que la situación producida estaba incrementando las señales de violencia, el
presidente Frei convocó a un plan de Diálogos comunales con el objeto de
contar con una “mejor comprensión y sistematización de la demanda indígena”.
Los esfuerzos para estos diálogos se concentraron en La Araucanía y en algunas
zonas del Bío Bio y de Los Lagos. Participaron 658 comunidades y unas 3.500
personas. Basado en los resultados de estos diálogos el presidente presentó el Programa
por el respeto ciudadano” con 5 ejes a partir de una inversión de 140 mil
millones de pesos considerando infraestructura y servicios, desarrollo
productivo, cultura e identidad, salud y vivienda. La coordinación
interministerial de este proceso fue encomendada al ministerio de planificación
y una comisión asesora en tierras indígenas. Estas decisiones tuvieron un fuerte
impacto en Conadi, quien se vio desprovista de competencias importantes y esto
afectó -y afecta hasta hoy- su legitimidad ante los Pueblos Indígenas.
En paralelo con los Diálogos
comunales, el presidente creó la Comisión asesora del presidente de la
República sobre PPII (CAPI) para abordar el desarrollo indígena y proponer
políticas públicas para “elevar la calidad de vida de las personas
pertenecientes a las etnias nacionales”. La CAPI estuvo integrada por
personeros del mundo indígena, empresarial y político. Entre los estudios de
esta comisión figuró el tema de tierras y desarrollo territorial, el tema de
las Áreas de desarrollo indígena y áreas silvestres protegidas, aumento de
recursos para el Fondo de Tierras y aguas y se mantuvo la idea de un
reconocimiento constitucional. También se planteó la necesidad de levantar un
catastro de proyectos de emprendimientos y capacitación y la revisión
estructural de la CONADI. Otro aporte importante es cuando el presidente Frei
en junio del 2008 firma un Decreto presidencial declarando esta fecha como Día
nacional de los Pueblos Indígenas.
El candidato presidencial
Ricardo Lagos entre 1998 y 1999 como ministro de Obras Públicas ya había
observado con preocupación que las relaciones con los indígenas estaban en un
escenario muy complejo. Resolvió entonces que este tema sería central en su campaña
presidencial y constituyó un equipo nacional programático indígena, que se
abocó a una amplia evaluación de lo ocurrido desde el Pacto de Nueva Imperial
de 1989 e identificar las falencias. Luego,
al asumir como presidente de Chile, Lagos constituyó de inmediato un Grupo
de trabajo sobre PPII y convocó a diversos exponentes: indígenas,
políticos, académicos, personeros de Iglesia y actores vinculados al mundo agrícola
y forestal. A este grupo de trabajo el presidente les solicitó elaborar una
propuesta que considerase: educación y cultura, gestión territorial, fomento
productivo, legislación e institucionalidad y la situación de indígenas
urbanos. Y todo esto en los primeros meses de su gobierno. En junio del 2000 el
grupo presentó 16 recomendaciones y el presidente, en particular, recogió con
mucha energía una iniciativa históricamente relevante que fue la de convocar a
la creación de una Comisión de Verdad histórica y nuevo trato con los
Pueblos Indígenas.
En enero del 2001 promulgó
el decreto presidencial de su creación con una composición muy amplia, plural y
representativa integrada por 25 expertos nacionales, presidida por el
expresidente Aylwin y con el apoyo de una secretaría ejecutiva. Por primera vez en democracia un presidente
de la República consideraba que era absolutamente necesario “establecer un
conocimiento fidedigno de la visión de nuestros pueblos indígenas sobre los
hechos históricos de nuestro país y efectuar recomendaciones para una nueva
política de Estado y avanzar hacia el nuevo trato de la sociedad chilena y
reencuentro con los pueblos originarios”.
Este mandato presidencial
marcó de inmediato un antes y un después respecto de las comisiones
presidenciales de diálogos y otros procesos. Los integrantes realizaron una
labor histórica pues tuvieron la valentía de superar la mirada conservadora de
nuestra historiografía nacional que siempre ha tratado a los indígenas como
sujetos ajenos al desarrollo, desprovistos de historia e identidad, limitados
culturalmente y dueños de tierras o aguas que no saben producir. Consumado el amplio diagnóstico histórico que
devela una verdad que ha sido invisibilizada, la Comisión de Verdad y Nuevo
trato estableció entonces un amplio marco de recomendaciones como el de
principios para un Nuevo trato, reconocimiento constitucional, derechos
colectivos, una nueva institucionalidad, consideración de los pueblos extintos
y en riesgo de extinción, un nuevo estatuto para Isla de Pascua (hoy Rapa-Nui),
restitución de tierras, consolidación de instrumentos internacionales (al
momento de estas recomendaciones aún estaba pendiente la ratificación del
Convenio 169) y reconocimiento de la
diversidad cultural.
Otra idea de gran impacto
fue la creación de una Corporación de Reparaciones, establecida por Ley
para determinar las tierras que deben ser restituidas, considerándose incluso
la facultad de expropiación. También se propuso la creación de un Instituto
de investigación y promoción cultural de los Pueblos Indígenas, con sedes
regionales y la creación de un Fondo general indígena para integrar ahí a
todos los financiamientos públicos destinados a los pueblos originarios. De
igual forma, la comisión señaló la importancia de hacerse cargo de la situación
de los indígenas urbanos. En suma: la comisión abordó cerca de 120
recomendaciones, de las cuales menos de un cuarto han sido cumplidas por el
Estado hasta esta fecha.
La presidenta Bachelet en su
primer gobierno abordó el tema de la ausencia de una institución rectora del
tema indígena y creó el Comisionado presidencial para asuntos indígenas y
un Consejo de ministros para asuntos indígenas. En septiembre del 2007
suscribió oficialmente la Declaración universal de los derechos indígenas
en Naciones Unidas, y en marzo del 2008 -finalmente- logró que el congreso
ratificase el Convenio 169. En abril del 2008 la presidenta presentó
ante el país su Programa Reconocer: pacto social por la multiculturalidad
De igual forma en su segundo
gobierno, la presidenta brindó un especial impulso al proceso de compras de
tierras con 56.000 hectáreas, convocó a una nueva comisión, la Comisión
asesora presidencial de la Araucanía y constituyó la Comisión técnica de
niñez y Pueblos Indígenas. Lo más importante es que también convocó a una comisión
de personalidades representativas para estudiar los efectos de la aplicación de
la ley antiterrorista y denuncias de abusos policiales en comunidades mapuche.
La política indígena en los
gobiernos de la presidenta Bachelet apuntó fundamentalmente a la idea de crear
un Instituto de la cultura indígena; establecer centros ceremoniales (en
Santiago hay varios); conmemorar el Wetripantu en los colegios públicos;
incorporar la enseñanza de la lengua indígena en la educación básica; institucionalizar Oficinas de asuntos
indígenas municipales (hoy existen
cerca de 100); financiar la
incorporación de contenidos multiculturales en las universidades; implementar mercados regionales indígenas;
crear cementerios indígenas en localidades pertinentes.
En el primer gobierno del
presidente Piñera (2010-2014) se impulsó una Mesa de diálogo en torno al
Plan Araucanía. El presidente dio continuidad al consejo de ministros para
asuntos indígenas y la figura de un comisionado presidencial indígena fue
reemplazada por un Asesor especial para asuntos indígenas en la Segpres. Y
uno de los procesos interesantes de participación ocurrió con motivo de un
reglamento para la consulta indígena establecida por el Convenio 169. En su
segundo gobierno se instaló un Programa de desarrollo territorial indígena con
una inversión de M$ 20 mil millones de pesos para introducir capital de trabajo
y tecnologías en las comunidades indígenas. También se organizó un Plan de
rescate de lenguas originarias y se incrementaron encuentros de diálogo con
representantes indígenas y de otros sectores.
En los primeros dos años de
gobierno del presidente Gabriel Boric, lo esencial ha sido la creación de la Comisión
de Paz y entendimiento, entidad que de acuerdo al Decreto Supremo 14 del
2023 plantea el propósito de “asesorar
al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo
plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos, levantando información y propiciando un proceso de diálogo
entre los principales actores de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos” considerando entre otros factores “la creación de una
vía institucional y legítima para abordar el conflicto de tierras y establecer
una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche”. Lo del proceso de diálogo habría que
entenderlo en el marco de los actuales conflictos acumulados por demandas no
resueltas de restitución de tierras, nudo central de aquello.
No
obstante, el diseño de una vía institucional para abordar el conflicto ya había
sido considerada ampliamente en el Informe de la comisión de Verdad y Nuevo
trato del 2004 y en el informe de la comisión presidencial para la Araucanía,
del año 2017.
La
creación de esta comisión fue anunciada por el presidente en el mes de
noviembre del 2022 y se encomendó su instalación en marzo del 2023. Por
diversas razones esto sólo ocurrió meses después en junio de ese año, en la
conmemoración del Día nacional de los Pueblos Indígenas el 21 de junio, fecha
que fue formalmente instaurada por Ley en el segundo gobierno del presidente
Piñera.
2.-
Estado de situación y perspectiva estratégica.
El
desafío más importante para el gobierno actual es el tiempo. El
que corre aceleradamente. Han
transcurrido dos años de su gestión. La diferencia con los gobiernos de los
presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera es que entidades como ésta y
otras, fueron asumidas en forma relativamente rápida en no más allá de los
primeros doce meses de trabajo e incluso menos.
Esto es así como resultado del hecho político de que en los comandos
programáticos de campaña de cada presidente se previó con mucho tiempo esta
línea de trabajo. Al constituirse esta
comisión, en junio del 2023, y teniendo como plazo la tarea de entregar su
informe final en enero del 2025 surge como complejidad el hecho de poner entre
paréntesis la relación del gobierno y del Estado con los Pueblos Indígenas, lo
que incide naturalmente en la magnitud de las demandas centrales no resueltas y
desarrollando en paralelo otras formas de política pública indígena con sello
social, ya tradicionales.
Con
toda la experiencia acumulada ya podemos decir que esta complejidad no se
resuelve hoy básicamente con “políticas públicas” como las que se señalan en el
Plan del Buen Vivir destinando más recursos financieros a programas sociales,
culturales, de obras públicas, salud y otras áreas en tanto se mantiene en un
ritmo normal o en ralentí la respuesta a la demanda del nudo principal
de los conflictos, esto es, la restitución de tierras indígenas. Este tema fue abordado por la Conadi, Mideplán
y ahora Desarrollo Social y Hacienda a lo largo de todos estos años para
desentrañar la dimensión de esa demanda, la que de pronto parece no concluir
nunca. Pero esto ocurre, precisamente,
porque a pesar de diversos informes técnicos previos los gobiernos no
implementaron caminos políticos para abordar sus resultados.
Las
políticas públicas de servicio, apoyo, asistencia social y otros beneficios son
una tarea que corre en paralelo al objetivo principal y si el mayor interés se
concentra en comparar cuánto más estamos invirtiendo hoy en relación con los
gobiernos anteriores esto no es el mejor ejercicio político-institucional,
además, por una razón muy sencilla: es evidente que los gobiernos tienen el
deber de invertir en políticas públicas con pertinencia indígena. Y no pueden invertir
menos que en los gobiernos anteriores. Hacer lo contrario sería un
contrasentido. Por tanto, el que hoy haya más recursos para obras sociales,
culturales y proyectos de apoyo instrumental, cooperativo y/o de emprendimiento
para los pueblos indígenas, en realidad es un deber del Estado, pero esto no
resuelve el nudo fundamental del conflicto principal.
Algo
semejante ocurre con la política de diálogos con los Pueblos Indígenas. Es notable constatar que todos los gobiernos
que asumen convocan a diálogos nacionales, regionales o comunales con los
indígenas. Se señala que es para escucharlos y tomar nota de sus demandas.
Pero los dirigentes indígenas -con fundadas razones- dicen que en todos estos
años lo que más ha se realizado son “diálogos” y que los temas centrales siguen
pendientes.
Los
principales ejercicios de diálogo con un carácter más estratégico se realizaron
entre 1983 y hasta el año 2000, procesos en donde los dirigentes indígenas se
sintieron efectivamente empoderados en sus roles como autoridad ancestral y
sintieron que podían incidir en los temas estratégicos. El proceso cambio luego de la crisis de Ralco
pues al fracturarse la confianza política con el gobierno, se afectó también el
valor de los diálogos, por cuanto los resultados de aquello han sido relativos
en el tiempo.
Desde
hace algunos años, diversos expertos en asuntos indígenas hemos venido
señalando la necesidad y urgencia de concentrar los esfuerzos gubernamentales
en atacar el nudo principal del conflicto del Estado con los Pueblos
Indígenas. Esto es el reconocimiento constitucional de sus derechos y por,
ende la aplicabilidad efectiva del Convenio 169 respecto de la restitución de
tierras. Y al respecto contamos con una gran variedad de informes técnicos
provistos en estos años por centros académicos, fundaciones, organismos
internacionales (como el PNUD) y organismos no gubernamentales que han logrado
ir acotando la demanda de restitución de tierras. Por lo mismo, y ante un escenario posible para
resolver este nudo, lo urgente -por la variable de tiempo corto- es concentrar
las energías en destrabar ese nudo. Por cierto, uno de los actores de este
proceso son los pueblos indígenas y principalmente las comunidades en
conflicto, con quienes hay que centrar las conversaciones.
Un
segundo actor principal en las raíces del conflicto son las empresas forestales
y similares que están en el centro del nudo del problema, como también otro
tipo de empresas cuyos proyectos afectan tierras indígenas y/o producen
impactos ambientales incluso irreversibles como en el caso de la central
Ralco. La reciente situación producida
en Aysén con el rechazo de la demanda indígena de borde costero conforme a
derechos establecidos en la Ley Lafquenche, indica que no estamos entendiendo
de manera suficiente la importancia de estos nudos conflictivos y que su
resolución es fundamental para construir una política de Estado, de “Paz y
entendimiento”. ¿Entre quienes? Entre los actores principales del conflicto, y
estos son tres: las forestales, las comunidades demandantes y el gobierno. El
diálogo con ellos y entre ellos es la instancia que debe producir y garantizar
el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia
de derechos indígenas, sus propias leyes nacionales -indígena y Lafquenche- y
el Convenio 169 de la OIT.
Las
empresas forestales saben que tienen una parte muy importante de
responsabilidad en las tensiones territoriales, tanto sea por políticas anteriores
de empoderamiento legal y otros no tanto y no justo de tierras, por prácticas
de mala vecindad con las comunidades originarias por décadas y por una
connivencia con poderes financieros que finalmente se imponen sobre verdades y
hechos concretos. Esto está plenamente constatado en el histórico informe de la
comisión de Verdad y Nuevo Trato. No se están inventando hoy las
responsabilidades precedentes.
La
tarea de estos meses es destrabar el nudo y producir el diálogo más importante
que sí puede arrojar un resultado no abordado antes: con los Pueblos Indígenas
se requiere cerrar históricamente el Pacto de Nueva Imperial de 1989 y
suscribir a nivel de Estado un nuevo Pacto político, que precisamente podría
ser de “Paz y Entendimiento”.
Para
el logro de este cometido se requiere que las empresas forestales, mineras y de
otro tipo, incumbentes directos en el conflicto, comprendan que la Paz tiene
un precio y que el valor de ese precio repercute negativamente si no se
resuelve. Ninguna idea de paz social y política en diversos otros procesos de
conflicto en nuestro continente se han resuelto sin una comprensión acabada de
que la paz no puede servir para unos y no para otros. Y que todo esto implica
concesiones necesarias y concordadas.
En
Nueva Zelanda y en otros países, con demora, pero con buenos resultados algunas
naciones resolvieron aquello con un acuerdo político-financiero con tales
entidades. Esto derivó en sentar las bases de un acuerdo de paz y entendimiento
con los indígenas. En tanto a nivel de Estado se forjaron leyes de
participación e integración con pertinencia cultural y se resolvieron derechos
institucionales. Todo esto muchísimo más allá de buenas políticas públicas y
sociales.
En
cuanto a los plazos, sostengo ante esta comisión que, por la dimensión de sus
acuerdos, que deben ser precisos y realistas pero eficaces, no hay mucha
necesidad de pretender abordar la problemática indígena en un sentido tan amplio,
social, cultural, jurídico, político o territorial. Mucho de esto ya está
considerado en las comisiones e informes presidenciales precedentes y corresponde
al gobierno aplicar lo que ya se resolvió como camino en los diálogos y
comisiones anteriores.
Lo
esencial hoy, es que el mundo indígena, las empresas forestales y el gobierno
converjan hacia un acuerdo político de Estado y que esto sea subrayado en forma
legal e institucional. Por ejemplo,
que el Estado asuma el compromiso de comprar tierras en manos de empresas
forestales, mineras y otras, con un plazo acordado de varios años. Que esas
tierras -tal como se señala en el informe de la comisión de Verdad y Nuevo
Trato- sean entregadas a una Corporación de Reparaciones que puede ser
instalada en el Ministerio de Bienes nacionales. Esto lo conversamos en la
comisión Egaña en el 2008. En paralelo disponer el cierre de las demandas
territoriales y acotarlas a las que ya están inscritas y validadas por el
consejo nacional de CONADI. Este sería el primer paso para desatar los nudos.
Lo
segundo es lograr instalar y desarrollar una institución de política indígena
que fue valorada por los presidentes Bachelet, Piñera y Boric como es el del
ministerio de los Pueblos Indígenas y el Consejo nacional de los Pueblos como
entidad representativa. Y sobre esta idea los presidentes Piñera y Boric
señalaron ante el país su voluntad de impulsar su creación y, sin embargo, la
idea permanece en una especie de limbo. La paradoja de Chile es que con
justicia los medioambientalistas tienen un ministerio. Los deportistas el suyo.
Las mujeres conquistaron con mucho esfuerzo su propio ministerio. Los
trabajadores del arte y de la cultura cuentan con un ministerio. Pero cuando se trata de los Pueblos
Indígenas, surgen todo tipo de comentarios, dudas e interrogantes. Hemos
escuchado a personeros del mundo conservador que, si a los indígenas se les
concediese un ministerio, entonces por qué no considerar también a los
migrantes de otras naciones -alemanes, ingleses, españoles, etc- que
contribuyeron a forjar la nación chilena.
Pero con esos pensamientos -siguiendo las bases de una historiografía de
raíz colonial- no se quiere aceptar que la diferencia nuestra con tales
migraciones con colonos virtuosos es que ellos fueron allegados a nuestro
territorio, en tanto que los Pueblos Indígenas forman parte de nuestro
territorio desde antes de la llegada de los conquistadores españoles que se
apropiaron durante siglos de los territorios ancestrales. Y los indígenas nunca
han perdido sus raíces, sociales, políticas, espirituales y lingüísticas que
conforman la base de un pueblo, de una nación, cuestión finalmente reconocida
por la corona en su postrimería. El
estado nacional de Chile tiene tan solo 206 años de historia desde su fundación
efectiva en febrero de 1818. El Pueblo mapuche tiene una vivencia y un arraigo
de más de 5.000 años y todavía se considera que no pueden estar representados
adecuadamente en el Estado nacional. Esta paradoja sólo puede explicarse desde
una perspectiva de discriminación y racismo.
La
tarea de proponer un camino de “paz y entendimiento” entre los principales
actores concretos del conflicto no requiere esperar hasta enero del 2025. Por el contrario, el actual gobierno debería
contar con ese año para actuar con rapidez en la consecución de los acuerdos de
país y de Estado. Por lo mismo, es fundamental que el informe de la comisión de
paz y entendimiento sea entregado al presidente, a más tardar, el 5 de octubre
del 2024 cuando la ley indígena en Chile cumple 31 años. Mejor aún, si se puede entregar el 9 de
agosto, en el Día internacional de los Pueblos Indígenas. Esto, porque una vez
entregado el informe final el presidente debe estudiarlo y priorizar los
anuncios de rigor y para eso requiere tiempo.
El presidente Aylwin necesito algunos meses para preparar su propuesta
de Ley nacional indígena luego que la CEPI le entregara su informe. La comisión
de Verdad y Nuevo Trato entregó al presidente Lagos su trabajo en octubre del
2003. El presidente invirtió cinco meses en su estudio y en diversas
conversaciones hasta la ceremonia oficial de entrega oficial al país en abril
del 2004.
Si
el informe de esta comisión de “paz y entendimiento” se entrega en enero 2025, su
estudio requiere varias semanas antes de presentarlo al país y esto ocurriría
cerca de junio del 2025, lo que deja tan solo algunos meses antes que concluya
el actual gobierno, y las bases de un proyecto de esta dimensión deben quedar
instaladas con mucha fortaleza antes del inicio de un nuevo gobierno en marzo
del 2026 como resultado de un compromiso político de país y de Estado.
Un ritmo cancino para este proceso se puede volver negativamente sobre sí mismo. Los pueblos indígenas han participado en una gran cantidad de diálogos nacionales a lo largo de todos estos años. Y en cada diálogo se repiten por lo general las mismas demandas con algunos agregados y los gobiernos toman nota y brindan respuestas semejantes, pero no van al corazón de los problemas.
En
la dirigencia indígena, tal como lo señaló el Cacique Víctor Queipul de
Temucuicui en marzo del 2022, no hay rechazo a los diálogos. Y los indígenas
seguiremos participando en cuanto encuentro sea necesario para dialogar que sea
convocado, tanto por gobernantes de izquierda, socialdemócratas o de derecha.
Pero los diálogos tienen una condición central: la restitución de tierras.
Esto es muy importante tenerlo en consideración. Todo lo demás es igualmente
importante pero lo necesario es otro tema.
El
trabajo de la comisión de paz y entendimiento tiene la virtud de contar con una
historia de procesos políticos, de diálogos nacionales, documentos de trabajo,
informes históricos y muy relevantes, además de sendas investigaciones, libros,
investigaciones académicas de gran peso, que constituyen el marco político
institucional indispensable para entrar a desenredar el nudo que está en el
centro de la conflictiva relación entre Estado y Pueblos Indígenas. El tiempo
que tenemos por delante, sin embargo, es muy demasiado breve.
Ex director nacional de CONADI (1997-1998)
Director del Programa de Pueblos Originarios y diálogo nacional Fundación Chile 21
Coordinador de la ex comisión nacional de expertos en Derechos Indígenas (2021-2022)
Trabajador Social
Docente SS-IPST_U. Chile_UCV
